 |
| Vista de la urbanización Marina de Valdecañas (Cáceres). / FOTOAREA |
El
Supremo también declaró ilegal en 2011 la
carretera M-501, entre Madrid y Ávila, que atraviesa el parque
regional del curso medio del río Guadarrama. Para entonces, ya estaba
construida. Cuando los tribunales pararon el
proyecto de la Ciudad del Golf en un pinar protegido de Ávila, ya
se habían talado 3.000 pinos. Estar situados en terrenos de la Red
Natura 2000, cuyo día europeo se ha celebrado esta semana, no ha
evitado que estos y otros proyectos de infraestructuras o de
urbanización acabaran afectando a los hábitats que se intentaba
proteger. El 27% del territorio de España es Natura 2000. Pero, como
recuerdan las organizaciones ecologistas, la facilidad con la que se
declaran los lugares de interés comunitario (LIC) y las zonas de
especial protección de las aves (ZEPA) no se corresponde después con la
protección que se les presupone. Son los propios Estados los que
designan estas zonas y los que deben gestionarlas.
La
normativa europea prohíbe construir en estas áreas si los proyectos
suponen un “impacto significativo” al hábitat en cuestión. Solo hay una
excepción, como subrayó la semana pasada una sentencia del Tribunal de
Justicia de la UE: cuando existen “razones imperiosas de interés
público” y no hay soluciones alternativas. De darse esas condiciones,
el Estado tiene que tomar medidas para compensar el daño creado. Las
comunidades han abusado de la definición de esas excepciones, señalan
tanto ecologistas como consultores medioambientales, principalmente
aprobando declaraciones de interés público para proyectos que no lo
merecían.
 |
| Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y elaboración propia. / HEBER LONGÁS / EL PAÍS |
“No
es que se abuse, es que a menudo se ignora la Red Natura 2000”, afirma
Paco Segura, de Ecologistas en Acción. Pone el ejemplo del plan de
infraestructuras gubernamental 2005-2020, conocido por sus siglas PEIT.
“Pretendía construir 9.000 kilómetros de líneas de alta velocidad
ferroviaria y 6.000 de autovías, a pesar de que atravesaban un total de
327 espacios incluidos de la Red Natura 2000... ¡Y no se evaluó su
impacto sobre la Red Natura 2000! Pusimos una queja en Europa que fue
admitida a trámite”. En ocasiones, las evaluaciones no se hacen, o se
hacen mal. Otras veces, todo acaba siendo de interés público. “A menudo
no se justifica, simplemente se declara. Se dice que tal aeropuerto es
de interés general y se construye con todo tipo de facilidades, aunque
luego no llegue a un número mínimo de pasajeros y sea una ruina
económica”. Luis Suárez, de WWF, coincide: “Se ha abusado; cualquier
gran infraestructura se ha convertido en interés general. Nunca se
buscan alternativas, y en las declaraciones de impacto se incluyen todo
tipo de medidas que no sirven para compensar. El aeropuerto de Ciudad
Real se construyó sobre una ZEPA. La medida compensatoria era crear
otra en unos terrenos al lado. ¿Quién te garantiza que los pájaros
vayan a irse allí? Es un ejemplo de medida absurda”.
No
son pocos los casos de proyectos en Red Natura 2000 que ya han causado
daño. El hotel de la playa del Algarrobico (Almería), que como recuerda
Greenpeace acumula 17 pronunciamientos judiciales en su contra, es uno
de ellos. La mole se levanta a apenas 20 metros del agua. Para
cuando el Constitucional anuló la Ciudad del Medio Ambiente de Soria,
en diciembre pasado, 52 millones de dinero público ya se habían gastado
en construir edificios en terreno protegido junto al Duero. El Tribunal
de Justicia de la UE condenó a España por permitir las minas de carbón
a cielo abierto de Laciana (León), una comarca donde habitan osos
pardos y urogallos cantábricos, entre otras especies amenazadas. El
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló un parque eólico
en El Bierzo (León) a finales del año pasado. No había tenido en cuenta
en su declaración de impacto ambiental que allí habita el urogallo. Fue
el cuarto proyecto eólico de la zona anulado, pero, a diferencia de los
otros tres, este ya llevaba tres años funcionando.
“En
medio ambiente deberían concederse de oficio las medidas cautelares”,
opina Juan Carlos Atienza, de SEO/BirdLife. Su organización, asegura,
gana en los tribunales más del 80% de los casos. “Hay que impedir que
se produzcan los daños, porque después los fallos son muy difíciles de
cumplir. El problema se presenta cuando la infraestructura está hecha”,
señala. Es complicado que se ejecuten sentencias que ordenan restituir
parajes a su estado natural. “Hay pocos casos —creo que no conozco
ninguno— en los que los ecologistas hayan ganado una sentencia y esta
se haya ejecutado”, se queja Atienza.
Y
sin embargo, sí se han conseguido victorias medioambientales que han
paralizado obras. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Canarias
detuvo de forma indefinida los trabajos del puerto de Granadilla
(Tenerife) para preservar un alga protegida. El de Castilla y León
anuló la urbanización de Las Navas del Marqués (Ávila) porque invadía
una zona de cría de la cigüeña negra, especie en peligro de extinción.
El oso pardo permitió vetar la
estación de esquí de San Glorio, decisión a la que han seguido
varios procedimientos judiciales más. En
Navahondilla, Ávila, el TSJ de Castilla y León declaró nulo hace unos
meses el plan para construir más de 1.100 viviendas en un municipio que apenas
llega a 350 habitantes. Suponía recalificar suelo rústico a urbanizable
en una zona donde se intenta recuperar la población de águila imperial.
España
es el país de la UE que más superficie ha incluido en la Red Natura
2000: 27% frente al 12,5% de Francia; el 15,4% de Alemania o el 19% de
Italia, según datos del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. Sin
embargo, solo el 10% de esos espacios tienen un plan de gestión
específico, algo a lo que obliga la normativa. España cumple con sus
informes de la directiva Hábitats (la norma europea que creó la Red
Natura 2000), pero estos planes de gestión “están siendo un calvario”,
explica Domingo Jiménez, ex director de la Agencia Europea del Medio
Ambiente. Sobre todo en regiones como Castilla y León, Galicia y
Murcia, añade.
Mientras
tanto, se siguen arrastrando casos como el de El Algarrobico. O el de
Marina de Cope, en Murcia, donde el Constitucional anuló el plan del
Gobierno regional que desprotegía 11.000 hectáreas de costa virgen para
urbanizarlas. “Si no hubiera sido por la crisis, las urbanizaciones
como Marina de Cope estarían construidas. ¿Y quién las tira abajo, como
con El Algarrobico?”, se pregunta Jiménez. “No es extraño que en los
conflictos entre espacios naturales e intereses económicos primen los
segundos, y esto afecta a todo el proceso, incluso a los procedimientos
judiciales. La entrada en juego de los fiscales ambientales fue un gran
avance, aunque harían falta más y con más medios”, concluye.
Fuente: Elena G. Sevillano: Espacios naturales protegidos en vano, EL PAÍS, 25 de mayo de 2014
