Como
si se tratase de una aparición, los grupos de jubilados que pasean por
la carretera SA-322 junto a Baños de Retortillo (Salamanca) se
detienen, perplejos, ante las oficinas que Berkeley Minera España SA,
de matriz australiana, acaba de construir en medio del encinar. Son la
primera muestra visible del proyecto Retortillo-Santidad; un plan que,
cuando se materialice, albergará una de las pocas minas de uranio a
cielo abierto que hay en Europa.
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| Vista del río Yeltes a su paso por Baños de Retortillo. / JOAQUIN MAYORDOMO |
La
explotación está ubicada apenas a un kilómetro del balneario, en medio
de un bosque mediterráneo de gran valor ecológico y ambiental. De
hecho, existen dos directivas europeas que protegen la zona dentro de
las redes ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) y LIC (Lugar
de Importancia Comunitaria). Pero estas no han sido obstáculo para que
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León
emitiese, el 25 de septiembre de 2013, una Declaración de Impacto
Ambiental (DIA) favorable al proyecto. Una “decisión precipitada e
incomprensible”, según José Luis Moreno, presidente de la plataforma
Stop Uranio; y que choca, además, con la prudencia que sí ha tenido la
Comisión Europea al conocer el proyecto, que ha decidido abrir un
expediente informativo en respuesta a la denuncia interpuesta, el
pasado 30 de agosto, por Stop Uranio. Esta plataforma denuncia que
Berkerley “incumple el Programa General de Medio Ambiente de la UE de
horizonte 2020”, por el que se pretende “que el capital natural esté
protegido y mejorado, además de que se salvaguarden la salud y el
bienestar de los ciudadanos”. La Comisión aún está recabando datos y no
ha decidido si llevará el expediente adelante.
El ruido que trae el dinero
Uno
de los yacimientos de uranio en superficie más ricos de Europa y, por
tanto, fácil de explotar está en un territorio que durante los siglos
IX al XII fue tierra de nadie y que hoy, azotado por la emigración y el
desempleo, vive todavía en el olvido. “Hasta que llegó Berkeley...
Nadie hasta entonces se había ocupado de esta comarca”, se queja José
Luis Moreno, presidente de Stop Uranio. Pueblos como Retortillo, de 244
habitantes, según datos del INE de enero de 2012; Villavieja, 899;
Villares, 132; o Boada, 307, son fiel reflejo del abandono secular que
sufre esta comarca. Una comarca con bosques que albergan aves como la
cigüeña negra o el buitre leonado y, en sus corrientes fluviales,
especies endémicas como la sarda salmantina. Esta
tierra estaba tranquila hasta que llegó el dinero fácil del uranio. Y los 50
millones de euros que dice haber invertido ya Berkeley en la zona han
provocado no poco ruido. ¿En qué los ha gastado? “Parte de ellos en
comprar voluntades y quién sabe si también a algunos alcaldes”,
denuncia el activista Jesús Cruz. Villavieja
y Retortillo han recibido ya 86.528 euros el primero y “algo más de
110.000 el segundo”, según Javier Santamartina (PP), su actual regidor.
También Villares de Yeltes, aledaño a la mina, “ha cobrado algo”, dice
el alcalde, José Manuel Hernández (PP). “Les hemos sacado 19.000 euros
de compensación para el pueblo”, dice. Jorge
Hernández, alcalde de Villavieja (PSOE), pueblo al que pertenece el
yacimiento Santidad, se justifica: “Si el pueblo se levanta, este
Ayuntamiento se pone en cabeza, pero aquí nadie ha protestado”. No es
de la misma opinión el alcalde de Boada, Matías Garzón (PSOE), que
convocó un referéndum. ¿Resultado? El 98% del pueblo votó en contra de
la mina. “Es un disparate y el daño será irreparable para todos”,
augura Garzón.
Por
su parte, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) tiene entre sus
competencias exigir a la empresa que cumpla los protocolos que rigen
para este tipo de explotaciones. Y si considera que el dossier está
incompleto, se lo hace saber. Así ocurrió el pasado 5 de marzo, cuando
pidió a Berkeley que hiciese correcciones tras haber observado
“carencias significativas”. Le viene a decir que los residuos son
radiactivos y deben ser tratados como tales; no como pretende la
empresa, que los considera residuos sin más y así podría depositarlos
al aire libre o en el hueco que deje la extracción de mineral. “Lo que
el CSN pide es un tratamiento similar al que se requiere para los
cementerios nucleares”, comenta Gabriel Risco, portavoz de Equo en la
región.
También
los portugueses se han interesado por la mina —la frontera apenas queda
a 50 kilómetros—. Grupos ecologistas de ambos países se han reunido
recientemente en Villavieja (pueblo al que pertenece parte del
yacimiento) para denunciar los daños que explotaciones como esta, en
las que se manipula mineral radiactivo, pueden causar a las personas y
al medio ambiente.
Mientras
tanto, Berkeley sigue cumpliendo los plazos y aportando la
documentación que le exige el CSN y espera que la Administración le
autorice a iniciar los trabajos cuanto antes. “Confiamos en que sea a
principios de 2015”, dice Francisco Bellón, su director general, quien
añade por si alguien dudara de la seguridad del proyecto: “Hemos pedido
estudios radiológicos, medioambientales, sobre el impacto del ruido y
las explosiones o sobre la restauración de terrenos a empresas
especialistas internacionales”. “Entiendo que la mina pueda generar
alguna sensibilidad, pero precisamente por eso hemos desarrollado un
proyecto absolutamente riguroso”, concluye. Y es que, efectivamente, la
“sensibilidad” en la zona es grande; unos porque creen que la mina va a
ser el maná que les saque de pobres —Berkeley ha prometido crear 196
empleos—, y otros porque no acaban de entender que “pueda cometerse tal
salvajada ecológica y medioambiental, además de que se va a envenenar a
la población”, dice Jesús Cruz, autor de un blog muy activo en contra
de la mina.
Aunque
lo que prima es el miedo. Miedo que no se expresa habitualmente, pero
que altera el rostro cuando alguien pronuncia palabras como uranio,
radiactividad, Fukushima, Chernóbil o cáncer. Además, la población teme
que la mina les impida comercializar su ganado (cerdo ibérico y vacas
morucha, sobre todo) o que los bosques de robles, alcornoques y encinas
se mueran por efectos del polvo radiactivo. De momento, solo para que
la mina se abra, más de 25.000 de estos árboles deben ser arrancados.
La
veta de uranio, de 4,3 kilómetros de longitud, casi uno de ancho y 120
metros de profundidad (según las prospecciones de Berkeley), está
partida en dos por el río Yeltes, cuyo cauce y riberas están protegidos
por las directivas europeas ya citadas. La empresa tiene previsto
vallar 2.517 hectáreas, de las que 240 estarán ocupadas por la huella minera, escombreras y una
decena de balsas; enormes contenedores de líquido que mediante el
procedimiento de lixiviación estática facilitarán la extracción del
óxido de uranio (U3O8). Este sistema requiere cantidades ingentes de
agua que, mezclada con productos químicos como el ácido sulfúrico, la
sosa cáustica o el ácido clorhídrico, posibilitará la decantación del
mineral.
El
yacimiento, según Berkeley, alberga cinco millones de kilos de U3O8
que, “al precio actual en el mercado a largo plazo”, explica Bellón,
“tendrían un valor de más de 430 millones de euros”. “La mina,
entendemos, es muy rentable”, concluye Bellón. Eso a pesar de que la
vida prevista son 10 años y la inversión se calcula en 354 millones de
euros.
